La reducción de un 75% de los recursos con los que contaban las Unidades de Atención a Víctimas en las diferentes entidades pone en serio riesgo la detección y acciones en torno a la violencia contra la mujer que se habían emprendido y habían venido resultando con de manera positiva.
Jaqueline García, miembro del Consejo Nacional de Participación ciudadana en materia de seguridad, aseguro que durante los últimos meses ha habido un incremento considerable en dos delitos: la violencia familiar y la violencia contra las mujeres y este tipo de determinaciones afectan aún más los programas de prevención que podrían estarse estableciendo.
Indicó que solo en el mes de mayo se iniciaron 3002 carpetas de investigación por hechos de violencia contra la mujer en el estado de México, que hoy ya ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de delitos cometidos en este sentido.
Si a esto se suma que solamente el 9 por ciento de los delitos que se cometen son denunciados, la problemática gana aun mayor relevancia.
Al momento, explico, solamente los programas establecidos por el Instituto Nacional de la mujer y la Red de mujeres por la paz, son los que han tenido avances en la materia, sin embargo es indispensable voltear la vista hacia la sociedad civil que ha realizado acciones con impacto considerable, pues son quienes conocen la verdadera problemática que se vive en las diferentes comunidades.
Indicó que desde la Federación se estableció un presupuesto para programas de prevención del delito, sin embargo las condiciones de la pandemia hicieron que en muchos de los gobiernos este recurso fuera re direccionado hacia otro tipo de atención en materia de salud, lo cual puede desencadenar un problema social mucho más grave en los próximos meses
