La información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a partir del Censo económico 2019, revela que en el estado de México el 79.4% de las unidades económicas son informales, es decir 610 mil de las 767 mil que se tienen registradas.
Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem) aseguró que estos negocios informales son una oportunidad para generar desarrollo, crecimiento y migración a un esquema de formalidad en el que la población consiga una mejor calidad de vida.
La información especifica que uno de cada tres empleos en el Estado, alrededor de 1 millón son fuentes de ingresos informales, sin prestaciones, sin registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y sin contribuciones al erario.
Sin embargo estas son fuentes ya de riqueza y de bienestar para las familias, por lo que dijo las acciones de las autoridades en coordinación con los organismos empresariales no debería de ser como desaparecerlas, sino como integrarlas a un esquema en donde la formalidad sea atractiva, rentable, una fuente para crecer los negocios, además de una mejora continua para la producción y operación económica de la entidad.
Indico que Concaem está en la disposición de apoyar con capacitación y asesorías para que las unidades económicas puedan migrar paulatinamente a este esquema de legalidad:
“El seguir satanizando la informalidad es un discurso no sólo añejo sino inviable, sin estas unidades económicas tendríamos más de un millón de mexiquenses en el desempleo… si analizamos que aún en sus condiciones son fuente de riqueza, imaginemos el potencial que podríamos detonar si las legalizamos, les damos oportunidad de crecer, de dar beneficios sociales a sus trabajadores y las hacemos contribuir fiscalmente”.
Aseguro que además el discurso actual es el fortalecimiento del mercado local y las compras internas, y muchas de estas unidades son negocios familiares, con menos de 10 colaboradores o de autoempleo que podrían acelerar el proceso de recuperación económica del Estado.
