Adicional a las 700 mil unidades económicas que se tienen registradas en el estado de México de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que hay otro 40%, es decir alrededor de 300 mil unidades adicionales que operan en la informalidad en el estado de México. Esto con las implicaciones se traduce en falta de prestaciones y protección social para los colaboradores.
Octavio de la Torre, tesorero de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio plantea uno de los principales retos para el desarrollo de las unidades económicas y la mejoren las condiciones de operación que actualmente se tienen en la economía.
Durante el desarrollo del foro “Los Beneficios de la Formalidad” se habló de la necesidad de un mayor número de unidades económicas se unan al Régimen Simplificado de Confianza (Resico) no sólo como una forma de aportación a la vida económica del país, sino también de mejorar las condiciones de vida y las oportunidades para los empresarios y emprendedores.
Señaló que uno de los puntos fundamentales es el acceso que estas PyMES tienen a temas de financiamiento, una situación que se vio de manera considerable durante los últimos dos años a razón de la pandemia.
“La informalidad tuvo menos acceso al financiamiento y a créditos para poder subsistir y las tasas que se manejan en la informalidad son superiores a las que te puede dar una financiera o banco para hacer crecer tu negocio”, además se plantearon temas como el acceso a vivienda, las oportunidades de crecimiento de las unidades económicas, el seguimiento por parte de autoridades, como la Prodecon.
Señaló que actualmente hay una confusión entre los negocios establecidos y formales, pues muchos de ellos pueden estar dentro de un espacio físico fijo, pero esto no quiere decir que operan en la formalidad.
Señaló que más que una persecución se debe ver como una oportunidad de crecimiento y de mejora para la operación y abasto de productos a nivel nacional.
