De acuerdo con la diputada Leticia Mejía García, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura del estado de México, la inclusión de lenguas indígenas en el sistema educativo no es solo una buena práctica, sino una obligatoriedad legal; al destacar la importancia de la educación intercultural y su conexión con la iniciativa de crear una Secretaría dedicada a los Asuntos Indígenas.
Al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar en el estado de México la iniciativa que se realiza en la Ciudad de México de ofrecer una lengua originaria como materia optativa en escuelas públicas, la diputada Mejía García explicó que la reforma al artículo segundo de la Constitución ya establece esta obligación.
«La reforma del artículo segundo justamente habla de esta obligatoriedad de tener este educación intercultural en las escuelas, y obviamente las lenguas forman parte de eso; entonces, no es solamente que sea optativo, que sea una buena idea para el estado de México, la legislación que seguramente en algún tiempo estaremos ya aprobando en esta Legislatura.”
La diputada expresó su confianza en que el estado de México aprobará legislación que refleje este mandato, ya que el pasado Periodo de Sesiones, la gobernadora envió una iniciativa similar, lo que augura un avance en los trabajos legislativos.
Aunado a ello, respecto a su iniciativa para crear una Secretaría de Asuntos Indígenas y su relación con la reforma constitucional, indicó que ambas propuestas están intrínsecamente ligadas, dado que la reforma constitucional establece «varias obligatoriedades de las autoridades tanto federales, estatales y municipales», y en este contexto, la creación de una secretaría se vuelve crucial.
La iniciativa de crear la Secretaría pues tiene que ver con tener mayores atribuciones y con que se haga efectiva la ley, explicó, pues, finalmente señaló la diputada: «Si hay una ley que no se hace realidad, de nada sirve», y es que para la legisladora, la creación de este nuevo ente gubernamental es la clave para asegurar que las disposiciones legales en favor de los pueblos originarios, se traduzcan en acciones concretas y no se queden solo en el papel.
