Vaya que causó indignación la muerte en un elevador de una niña en instalaciones del Hospital General de Zona No. 18 del IMSS en Playa de Carmen, Quintana Roo. Primero porque se trataba de una menor indefensa y enferma, segundo por las condiciones de falta de mantenimiento del ascensor y tercero a causa de que estos hechos no coinciden con lo que tanto se presume que se está haciendo por el sistema de salud mexicano y el nivel que llegaría a tener, incluso de Dinamarca.
El asunto es que se está buscando un culpable y al que han encontrado es al gobierno de la república los opositores a este. Pero obviamente, quien es inmediato responsable es el Seguro Social por permitir que siga operando un elevador del que ya habían registrado fallas -pudieron clausurarlo o poner plazos a la empresa propietaria par su correcto funcionamiento- y, después la empresa a cargo por su negligencia. Lamentablemente el asunto no terminará en sanciones para el IMSS, que ya se deslindó en un comunicado, ni para la empresa, que saldrá con el argumento de que fue un accidente o lo que sea que invente con tal de atenuar su participación y responsabilidad. El asunto es que una menor inocente dejó de existir por negligencia de terceros. Y en México negligencia e impunidad van de la mano.
