En el marco de un creciente reconocimiento de la diversidad cultural de México, la magistrada electa del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, Paola Lizzette Acosta Campos, destacó la necesidad de adaptar la impartición de justicia para atender las particularidades de los Pueblos Originarios, reconociendo el desafío de equilibrar el principio de igualdad ante la ley con la atención a las desventajas históricas que enfrentan estas comunidades.
Al ser cuestionada sobre cómo la justicia aborda el resurgimiento de los Pueblos Originarios, la magistrada fue enfática al señalar que la justicia debe ser impartida con las particularidades que tienen:
«La justicia debe de ser aplicada e impartida por igual, especialmente a sus comunidades indígenas, a nuestros pueblos originarios. Sí o sí debe de dársele un enfoque muy especial, un tratamiento muy especial y tal vez ahí se pierda un poco lo igualitario, pero es sabido que siempre han estado en desventaja tanto por el idioma como por el acceso al a los recursos económicos.
“Y a mí me parece que cada vez nos estamos conectando más tanto el ámbito jurídico, es decir, ahora a raíz de la reforma judicial, está existiendo un diálogo más enriquecedor entre los tres poderes y es necesario también».
Este diálogo, según la magistrada, es fundamental para reconocer que, aunque antes se veían como entes separados, los poderes son parte de una misma nación.
La magistrada resaltó la importancia de la reciente campaña en la que participó, la cual le permitió un acercamiento directo con las comunidades.
«Nos sensibilizó y nos obliga, y mejor decirlo, nos invita a llevar foros jurídicos de información de derechos humanos a nuestras comunidades».
Finalmente, enfatizó que esta tarea no es una opción, sino una obligación del Poder Judicial, subrayando el compromiso de llevar la justicia y la información sobre los derechos humanos directamente a los pueblos originarios, reconociendo así la naturaleza pluricultural de la nación.
