El ayuntamiento panista contrató al ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, para litigar contra la actuación de la Contraloría del Congreso estatal en el caso de los terrenos donados al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey.
Juan Carlos Hernández, director jurídico del municipio, dijo que se pagarán los servicios del abogado panista y se mantendrá la denuncia contra Victorino Barrios Dávalos, contralor del Congreso y ex miembro de la cúpula perredista estatal, por difundir “chismes y aberraciones” contra la donación promovida por el alcalde Gonzalo Alarcón Bárcena.
Hernández desestimó la resolución de la Contraloría legislativa, que declaró viable aplicar al edil una sanción de 33 millones 400 mil pesos por donar patrimonio municipal a la institución privada, pues “responde a intereses políticos” y muestra desconocimiento de la ley, pues Barrios “no es licenciado en derecho”.
Según el abogado del ayuntamiento, la desincorporación de tierras en la Zona Esmeralda fue un proceso apegado a derecho y no causó daño patrimonial.
