La propuesta del Gobierno de México en torno a la modificación de 23 Leyes Federales pondría en riesgo la llegada de inversiones, el acceso a la justicia y vulneraría el Estado de Derecho, pero además inclinaría de manera severa la balanza ante un proyecto de licitación en el desarrollo de infraestructura.
La Cámara de Comercio Internacional en México (ICCMEX) manifestó su preocupación por la iniciativa de Reforma Administrativa que fue presentada el pasado 28 de marzo.
La iniciativa presentada al Congreso de la Unión supondría violaciones a la Constitución, a Tratados Internacionales, a la libre competencia y concurrencia, el derecho a la consulta de los pueblos originarios, y el principio de legalidad, ente otros.
Dichas modificaciones incluyen que el Estado y sus empresas no estarían obligados a cumplir la normativa en los mismos términos que las empresas particulares, lo cual implicaría que en los proyectos de infraestructura prioritarios, los trámites como dictámenes, permisos, licencias, derechos de vía y expropiación de inmuebles podrán gestionarse de manera simultánea al inicio de la obra en casos de notoria y urgente necesidad.
De acuerdo con la Internacional Chamber Of Commerce la propuesta presentada además de discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones, además de obligar a que en los contratos se establezca una “cláusula exhorbitante” para que este pueda ser cancelado en cualquier momento si hay un interés público de por medio lo que pone en serio riesgo e indefensión a los inversionistas.
La Iniciativa de Reforma propone modificar la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y la Ley de Expropiación para limitar los montos de las indemnizaciones a cargo del estado, lo que contraviene las obligaciones internacionales que México ha firmado.
En caso de entrar en vigor, la iniciativa que pretende modificar 23 leyes federales podría afectar también los derechos de los permisionarios, concesionarios y licenciatarios en múltiples ramas de la industria, porque proporciona al Gobierno Federal mayor discrecionalidad en el otorgamiento de permisos y concesiones.
