Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, señaló que es indispensable que el sector privado y en general, los diferentes elementos de la cadena productiva sean tomados en cuenta en el proceso de discusión de la iniciativa de reforma para la reducción de la jornada laboral, con el fin de que ésta tenga efectos positivos para los colaboradores, pero también incrementos en productividad para las empresas.
A partir de esta semana comienza una serie de foros para la discusión de la iniciativa de reforma por lo que señaló, deben tomarse diferentes puntos de interés en dicho análisis, entre los que están la aplicación por sectores de manera diferenciada de esta medida, el que sea gradual y el generar una serie de incentivos que permitan que no haya un incremento sustancial en la carga social que actualmente enfrentan las empresas.
Uno de los principales riesgos que se prevé es para las pequeñas y microindustrias, en las cuales se podrían incrementar incluso los turnos de trabajo, y con esto, los costos de capacitación, contratación y las obligaciones fiscales que se tienen.
Una de las propuestas es una transición gradual
Algunas de las medidas que se han propuesto es que haya pruebas piloto que duren al menos 18 meses para conocer las modificaciones logísticas y de contratación que deben tener las unidades económicas, medir los niveles de productividad que se tienen en el interior de las instituciones, así como los sectores en los cuales hay mayor facilidad para su aplicación.
En la última presentación que se hizo al respecto, se ha incluido, además al sector público, para que los trabajadores del estado también sean parte de esta disminución de la jornada.
Massud Martínez señaló que, además, se debe revisar el impacto que esto podría traer en los niveles de informalidad del país, pues de acuerdo con la última encuesta nacional de ocupación y empleo el índice de informalidad alcanzó el 54.6 por ciento de la población en el país, lo que suma 32.8 millones de mexicanos, que al momento no cuentan con protección en materia de salud, vivienda, seguridad, e incluso la posibilidad de que eventualmente, pudieran jubilarse.
