Por unanimidad, las comisiones legislativas de Procuración y Administración de justicia; y de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la Cámara de Diputados del Estado de México, aprobaron una reforma al Código Penal que incrementa drásticamente las sanciones por delitos ambientales, en respuesta a la crisis de tala clandestina que afecta al 25% de los bosques de la entidad.
Para la diputada del PVEM, Vanessa Linares, este es el primer paso para desmantelar redes que esclavizan comunidades forestales, con hasta 30 años de prisión y 1,500 días de multa por tala ilegal, y más de 100 años, si hay vínculos con crimen organizado, uso de armas exclusivas del Ejército u homicidios.
“Quienes cometen el delito de tal magnitud e ilegal podrán hacerse acreedores de hasta 30 años de prisión, pero eso no es todo. Es un concurso de delitos con delincuencia organizada, uso de armas exclusivas del ejército o fuerzas armadas, homicidios, entre muchos otros que se presentaron, podrán recibir sentencias de más de 100 años de prisión, lo que lo vuelve en un delito sumamente grave, una evolución histórica legislativa del Código Penal”
La reforma amplía la protección a 39 municipios, incluidos Huixquilucan, Valle de Bravo y Zinacantepec, donde operan redes de delincuencia ambiental. Pues en origen, se detalló que ha habido 12 mil hectáreas deforestadas entre 2020-2024, siendo además el Estado, tercer lugar nacional en asesinatos de ambientalistas, donde la tala redujo 40% la recarga de acuíferos en la región de los volcanes.
Cabe señalar que si bien, la reforma fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, Marisela Beltrán, de Movimiento ciudadano, señaló que las penas no bastan; y exigió programas de reforestación con municipios.
Finalmente, se espera que el dictamen se vote en el pleno en el actual Periodo Ordinario de Sesiones y se prevé crear un fondo especial para municipios forestales, similar al programa Pueblos Mágicos.
