Las iniciativas de la bancada del PVEM y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para incrementar las penas contra quienes talan de manera ilegal los bosques, son un mensaje contundente contra la delincuencia ambiental organizada y las personas empresarias madereras, coincidieron legisladoras y legisladores de morena, PVEM, PT, PAN, MC; así como representantes del gobierno estatal, aunque señalaron que deben acompañarse de políticas públicas en materia de prevención y educación ambiental, de fortalecimiento de atribuciones al estado y etiquetar recursos a los municipios con vocación forestal.
En reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por la parlamentaria Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), se inició el análisis de las propuestas para reformar el Código Penal estatal, una de las cuales establece penas de hasta 30 años de prisión y otra de hasta 20 años por cometer este delito ambiental. En este proceso participaron representantes del gobierno estatal, quienes brindaron sus opiniones.
Del PVEM, la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina resaltó que su propuesta busca proteger a quienes viven en las periferias de los bosques, y que son utilizados por la delincuencia ambiental organizada para la tala ilegal de árboles; mientras que la legisladora Alejandra Figueroa Adame reconoció que este delito involucra inseguridad y violencia, por lo que respaldó que se busque promover la protección ambiental.
Por morena, las y los parlamentarios Héctor Karim Carvallo Delfín, Vladimir Hernández Villegas, Esteban Juárez Hernández, Nelly Brigida Rivera Sánchez y Selina Trujillo Arizmendi resaltaron que las propuestas ayudarán a disuadir la tala ilegal porque se brindan más elementos jurídicos a los cuerpos policiacos y se pronunciaron por etiquetar recursos a los municipios para la protección y supervisión de los bosques.
Además, reconocieron las acciones del gobierno estatal para proteger el medio ambiente y expresaron que corresponde al Poder Legislativo fortalecer las atribuciones del Estado en la materia, ya que la mayoría corresponde a la Federación.
La diputada Sofia Martínez Molina (PT) indicó que las iniciativas son una respuesta necesaria ante la pérdida de bosques y la urgencia de adoptar medidas contundentes; en tanto que la legisladora Emma Álvarez (PAN) pidió que las penas no sólo se queden en el papel y que se castigue a quienes destruyan el medio ambiente. Resaltó la relevancia del involucramiento de la sociedad, el gobierno y del Congreso local.
De la bancada de MC, la parlamentaria Ruth Salinas Reyes puntualizó que elevar las sanciones resulta insuficiente para combatir este delito; indicó que es tarea del Legislativo el involucrar al Estado y a los municipios en la defensa de los bosques, y cuestionó las acciones del gobierno estatal en la materia.
Carlos Buendía Ramírez y Luis Felipe Hernández Llop, jurídicos de las secretarías del Campo, y del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Javier de Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, puntualizaron que el combate a este delito es competencia federal, pero que el gobierno impulsa diferentes programas para que personas ejidatarias cuiden y protejan los bosques. Igualmente, reconocieron que las iniciativas ayudarán a disuadir el accionar de las personas delincuentes.
