El Gobierno del Estado de México puso en marcha el operativo «Blindaje Electoral 2025» con el objetivo de garantizar la transparencia y legalidad en las elecciones del próximo 1 de junio, en las que, por primera vez, los ciudadanos elegirán a jueces y magistrados. La estrategia busca prevenir el uso indebido de recursos públicos y garantizar la limpieza del proceso electoral más importante en la historia judicial de la entidad.
El plan incluye tres ejes principales, primero, resguardo de más de 15 mil vehículos y equipos oficiales 72 horas antes de los comicios; la capacitación a 5, mil servidores públicos por parte de la Fiscalía Electoral; y un sistema digital en tiempo real para monitorear bienes gubernamentales. Adicionalmente, se implementará una campaña con leyendas preventivas en nóminas y equipos de cómputo, bajo el lema «Recursos públicos NO son para campañas».
Al respecto, la gobernadora Delfina Gómez destacó la importancia de este proceso, señalando que marcará un antes y un después en la justicia mexiquense, con el propósito de garantizar la eficiencia la honestidad y la imparcialidad pero sobre todo para erradicar la corrupción de las instituciones.
El operativo contará con la participación de los 125 municipios y organismos federales, fomentando la colaboración entre autoridades y ciudadanía para asegurar la integridad del proceso electoral.
En su oportunidad, Hilda Salazar de la Contraloría estatal advirtió sobre sanciones penales por desvío de recursos, e informó que se habilitará una plataforma para recibir denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades, promoviendo la participación activa de la sociedad en la vigilancia del proceso electoral.
Por su parte, el fiscal especializado en delitos electorales del Estado de México, Alejandro Rodríguez Martínez, destacó la relevancia de la reciente reforma judicial que permite, por primera vez en la historia del país, que la ciudadanía elija a los integrantes del Poder Judicial. Esta reforma, publicada el 6 de enero, modifica la constitución estatal y actualiza la legislación secundaria, como el Código Electoral del Estado de México, para regular el proceso electoral extraordinario.
