¿Ante la presente crisis sanitaria sería necesaria una medida extrema como un toque de queda o un estado de excepción en el que se suspendieran derechos y libertades, qué autoridades tienen esa atribución en México? ¿Qué opinión tiene la Codhem al respecto?
Ante estas cuestiones, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, comentó que los contagios y las muertes ligadas a la pandemia por COVID-19 en América Latina no paran: “van en aumento, por lo que diversos países, además de México, han declarado estado de emergencia sanitaria, es el caso de Bolivia, Haití, Honduras, Colombia, con la esperanza de frenar la propagación, pero el incumplimiento de las medidas preventivas así como el desorden social, han orillado a los gobiernos a tomar medidas más contundentes; Ecuador decretó “estado de excepción y toque de queda” por 14 días; Chile, ante la inminente entrada en la fase 4, que es la etapa más grave, declaró “estado de excepción constitucional por catástrofe” por 90 días; El Salvador decretó estado de excepción de 15 días.”
Dijo que, en México, ya hay quienes hablan de recurrir a esta figura, que desde luego está contemplada en el artículo 29 de nuestra Constitución, la cual es muy clara al señalar que las garantías y los derechos humanos se preservan, “el presidente de la República, con previa aprobación del Congreso de la Unión, es quien puede tomar la decisión, para todo el país o en lugares determinados, de suspender el ejercicio y las garantías para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación, pero deberá ser por un tiempo limitado.”
En entrevista otorgada a Así Sucede, Olvera García añadió que si la curva de contagio no desciende y si los dispositivos legales están mandatados es porque el legislador así lo previó, además de que estaríamos en consonancia con la normativa internacional. Se trata entonces, subrayó, de que podamos eficientar los caminos al Estado para que más fácilmente se pueda hacer frente a este fenómeno que afecta a la salud y amenaza la vida de las personas y no transgredir los derechos fundamentales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones de los estados, afirmó, deberán estar alertas para coadyuvar con la población y el Estado en la prevención, contención y atención del problema, pero también para denunciar cualquier desproporcionalidad de la medida.
Hoy, nuestro país está al límite de alcanzar la fase 3, los Estados de México, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, son las entidades con más aceleración de contagios y, en este contexto, detalló el presidente de la Codhem, el recurso de “estado de excepción” se configura como una vía jurídica e institucional para preponderar el derecho a la vida, la seguridad y la salud de millones de mexicanos, sobre otros derechos; asimismo, sería necesario para evitar el desorden, la violencia, la inseguridad y el pánico social.
Jorge Olvera fue tajante al señalar que de ninguna manera ésta sería una medida “fascista”, sino que lo que haría el Ejecutivo consistiría en restringir el tránsito y la circulación de las personas que deban de permanecer en sus casas por que no se estaría proscribiendo ninguna garantía individual ni ningún derecho humano, la norma está constitucionalizada, la pandemia “pone en grave peligro a la población.”
En la Codhem, sostuvo su titular: “vemos este recurso como una medida posiblemente delicada pero que en su momento sería necesaria para frenar las funestas consecuencias que esta pandemia podría tener; incluso está considerado en la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 27), por lo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tendrían que estructurar un documento debidamente fundamentado y motivado, plenamente ajustado a la realidad que enfrentamos, que exprese claramente los derechos que por un tiempo limitado se verán restringidos.”
La Suprema Corte de la Nación será la encargada de revisar los decretos que se expidieran con este fin para revisar su validez jurídica, afirmó.
En caso de tomar esta medida, consideró, sería muy importante informar ampliamente a la población sobre ella; “reitero que la disposición no autoriza la suspensión permanente de derechos, sino la restricción, pues son cosas totalmente distintas; sería una medida eventual de la fase tres, la norma sería de restricción, insisto. Las comisiones de derechos humanos estarían en sinergia con la autoridad para evitar los abusos de las corporaciones policiacas.”
El ombudsman mexiquense sostuvo que los países antes mencionados se han enfocado a limitar la libertad de tránsito, reunión y asociación, principalmente; y que asimismo han desplegado a las fuerzas armadas en las calles en apoyo y protección de las personas.
“Los organismos protectores de derechos humanos estamos atentos a las decisiones que han venido tomando las autoridades, vigilando que la suspensión de derechos –si llegara a suceder- se ajuste a la emergencia que enfrentamos, que sea compatible con el derecho nacional e internacional de los derechos humanos; pero, sobre todo, estaremos atentos y alertas al llamado de la población ante posibles desproporcionalidades de la medida.”
Porque, explicó, debe haber un principio de proporcionalidad que otorgue racionalidad y certeza a la aplicación del estado de excepción, esto quiere decir que las fuerzas de seguridad responsables de vigilar la aplicación de esta medida, deben de abstenerse totalmente de cometer abusos o de violentar los derechos humanos.
Finalmente, Jorge Olvera García, reiteró su llamado a la población en general para que de manera irrestricta cumpla con las medidas preventivas, y de ser el caso, acompañar la decisión que tomen las autoridades, el objetivo, dijo, “es que hoy salvaguardemos nuestra salud y nuestra vida, derechos que hoy se configuran como esenciales, prerrequisitos indispensables para el disfrute de otros derechos. No abonemos a la desinformación y el miedo, tenemos que tomar medidas en unidad, pensando que esto es provisional y que entre todos podremos salir adelante de esta situación”, concluyó.
