Tras casi dos años de permanecer encarcelados, a seis de los ocho pobladores de la comunidad de Salazar que fueron detenidos en agosto de 2017 por defender sus tierras, se les concedió inmediata libertad.
Lo anterior, luego de que la autoridad judicial desechara todas las pruebas en contra de los pobladores, durante la última audiencia, en contra de Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Yuriko Maribel Becerril Villavicencio, Dana Irakikey Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis García por los supuestos delitos de robo con violencia y privación ilegal de libertad en contra de tres personas.
Desde las 9 de la mañana de este jueves, cerca de cien familiares, amigos, activistas y pobladores de esta comunidad, así como de pobladores de San Francisco Xochicuahutla, acudieron a las afueras de la torre dos de los juzgados de control y de juicios orales del distrito judicial de Toluca, ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez donde se llevó a cabo el resolutivo definitivo sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre de 2016.
Minutos después del mediodía, familiares de los defensores de sus tierra, quienes fueron incorporados a la lista de presos políticos a inicios de este año, mostraron desde el interior de la torre dos de los juzgados de juicios orales señas que denotaban la pronta liberación de sus familiares, por lo que los gritos y consignas de apoyo se acentuaron a las afueras de los juzgados de Almoloya de Juárez.
Minutos después de las 2 de la tarde, el representante legal de los comuneros, Alexander Becerril Salazar, dio a conocer que tras el análisis de las pruebas presentadas por la parte acusadora, en contraste con los hechos descritos por los testimonios, llevaron a la jueza a decretar la liberación inmediata de los seis comuneros de Salazar.
“Nos describen unas conductas de robo con violencia la privación de libertad que no contenían. Se demostró fehacientemente con pruebas contundentes, por parte de la defensa, que acontecía un hecho en donde los pobladores únicamente defendían lo que es suyo”.
A esta audiencia acudió Neftalí Granados González representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación informó que una vez que se cumpla con la liberación de los comuneros, el paso a seguir será la revisión y análisis de la actuación de las autoridades estatales pues se considera que hubo un exceso de fuerza en el operativo de agosto de 2017 en el que participaron más de mil elementos de seguridad.
“La idea del nuevo gobierno es justo que haya justicia y el proceso de justicia es un proceso amplio que no solamente implica la liberación de ellos, si no que implica también que busquemos cuales son los problemas de raíz y resolverlos”.
Asimismo, ya libres los comuneros, determinarán si habrá una demanda en contra de las autoridades.
