Durante 2016, las principales autoridades señaladas como las responsables de posibles violaciones a derechos humanos fueron la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de México con más del 21 por ciento del total de las quejas que recibió durante esta periodo la Comisión de Derechos Humanos estatal, seguido de los ayuntamientos con un 20 por ciento y el sector educativo con casi el 20 por ciento, así lo informó el presidente de esta instancia, Baruch Delgado Carbajal durante su informe de gestión.
En el acto informó que los derechos más violentados durante el año pasado fueron los de legalidad y seguridad jurídica, a una vida libre de violencia y seguridad personal.
Al rendir su informe, Delgado Carbajal precisó que la prevención de las violaciones a derechos humanos es tarea fundamental de su instancia y en 2016 erradicaron 8 mil 198 expedientes de queja que sumados a otros ejercicios anteriores, se da un total de 10 mil 911 expedientes y al menos el 80 por ciento de ellos ya se concluyeron.
En el periodo que se informa, dijo, se emitieron 30 recomendaciones dirigidas a los ayuntamientos, a la fiscalía de justicia y al sector educativo, así como una general emitida a los 125 municipios con la finalidad de armonizar los Bandos Municipales.
El presidente de la CODHEM se manifestó contra la violencia de genero pues dijo que derivado de la declaratoria de la Alerta de Género en el estado, este organismo, fortaleció el marco de actuación de la unidad de erradicación de la violencia expidiendo lineamientos de actuación y reglamento interno para atender principalmente denuncias de hostigamiento o acoso laboral y sexual al interior de la institución para predicar con el ejemplo.
«Esta institución se pronuncia por la cero tolerancia en la violencia de género contra las mujeres», dijo.
Finalmente recordó que en conjunto con el poder ejecutivo se promovió el acto de inconstitucionalidad a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública y se manifestó a favor de la rendición de cuentas pues dijo es un mandato legal y una condición ética en un estado democrático e indispensable para que la sociedad esté informada.
