Con la intención de prevenir la prestación ilícita del servicio público de transporte de pasajeros, Eleazar Centeno Ortiz, diputado del Partido de la Revolución Democrática, ingresó una iniciativa a la LIX Legislatura que reforma el Código Penal del Estado de México.
En este sentido, el legislador propone que al servidor público que de cualquier forma intervenga en el otorgamiento de una concesión irregular, permiso o autorización para la prestación del servicio del transporte público de pasajeros se le impondrá de cuatro a seis años de prisión y de 300 a 800 unidades de medida y actualización (UMA), así como la destitución del empleo, cargo de inhabilitación hasta por cinco años.
En el caso del conductor de la unidad que tenga la concesión, también se le aplicarán penas de uno a cinco años de carcel y de 30 a 150 unidades de medida y actualización (UMA), así como la suspensión por un año del derecho de manejar.
De acuerdo al legislador, este hecho abre la puerta a otros delitos en el territorio mexiquense que afectan directamente a los usarlos como lo son:
Los robos con violencia a bordo de las unidades, cuya seguridad corresponde al gobierno de la entidad, no se han frenado en el territorio mexiquense y por el contrario, en muchos casos personas han perdido la vida.
En el caso de que estas unidades se vean involucradas en un accidente automovilístico y el usuario resulte lesionado, las empresas no se hacen responsables y tampoco pagan la indemnización correspondiente, toda vez que no cuentan con un seguro para pasajeros por ser irregulares.
El diputado perredista aseguró que el transporte en el Estado de México va más allá de un tema de movilidad, ya que si no están interesados en contar con los permisos necesarios para circular, menos lo estarán en cumplir con las normas medio Ambientales.
