Hasta cinco veces más de unidades del transporte público de pasajeros están circulando en territorio mexiquense sin autorización formal, una manera de operar que ha sido irregular desde décadas en que los concesionarios han hecho lo que se les viene en gana. Son por tanto 700 mil camiones de 150 mil autorizados.
El problema es lo que vemos a diario: congestión vial, contaminación ambiental, riesgos para la seguridad vial, competencia desleal, inseguridad y delincuencia.
Tan solo de la congestión vial tenemos que los choferes avanzan en las unidades por donde quieren, van semivacíos pues son muchos y de varias líneas de autotransporte, se paran en el lugar y momento que se les antoja, juegan carreritas con otros choferes, se avientan los camiones, aceleran sin precaución, a ratos van a alta velocidad, invaden carriles, se meten en los carriles centrales de las avenidas. Todos sabemos que esto es parte del atributo que se han ganado: “el pulpo camionero” o red de poder en el transporte público de pasajeros donde se mezcla lo político, lo económico, la corrupción y la complicidad institucional. Ha faltado supervisión, operativos, aplicar la ley, cero tolerancia. Si el actual gobierno estatal ha decidido intervenir esta semana tiene que hacerlo sin miedo, con el respaldo de ser la autoridad, decisión y que las acciones sean contundentes y con efectos prácticos y a largo plazo.
El pulpo camionero no tiene la razón en su forma de operar ni en su control monopólico del transporte urbano, ha tenido privilegios y prácticas poco transparentes. Ha generado un mal servicio afectando negativamente a los usuarios y a la movilidad.
