Propietarios de viviendas en fraccionamientos ubicados en el estado de México, que adquirieron créditos hipotecarios a través de Infonavit, Fovissste y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), insisten en el mega fraude inmobiliario en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno.
A la Fiscalía General de la República (FGR) no ha actuado a pesar de tener conocimiento de la primera averiguación previa (Foto: Juan Carlos Vázquez). 
(Foto: Juan Carlos Vázquez). 
Afectados se reúnen afuera del Poder Judicial del estado de México (Foto: Juan Carlos Vázquez).
Rocío Rosete, integrante del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C. sostiene que actualmente existen 900 casos a nivel nacional, en proceso, en los que las viviendas están sobrevaluadas hasta en un 50 por ciento más de lo que valen. En el caso del Estado de México, esta situación –aseguran– afecta a 56 mil hogares en más 300 conjuntos habitacionales, ubicados en Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Ecatepec, principalmente.
Argumentó la complicidad de las autoridades tras la falta de acciones en contra de los defraudadores pues, hasta la fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha actuado a pesar de tener conocimiento de la primera averiguación previa, con el número de oficio TOL/DR/I/490/10 por delitos cometidos por Fraccionadores.
“Dentro de estos procesos ha habido una verdadera irregularidad en el manejo, violaciones a la ley, tanto de jueces, de magistrados, de ministros porque hemos hecho saber a todos, en todos los órdenes de gobierno y en todas las estancias, que ha habido un fraude procesal en estos juicios”.
Añadió que, además del sobrevaluo, las empresas constructoras no garantizaron las obras para el otorgamiento de servicios básicos como infraestructura hidráulica y electricidad, así como obras de urbanización. Esto, en complicidad con los gobiernos locales de pasadas administraciones, pues expresidentes municipales dieron apertura de los fraccionamientos a pesar de que no existían estas obras, necesarias para la aprobación de estos conjuntos habitacionales.
Cabe mencionar que debido al alto costo de las viviendas adquiridas, algunas personas decidieron abandonar sus hogares dando pie a otro conflicto social generando inseguridad. En este sentido Rocío Rosete asegura que, incuso hay una colusión de autoridades locales con el crimen organizado, pues relató que elementos de seguridad permiten la entrada de personas a los hogares abandonados a cambio de 30 mil pesos.
“Es un lugar sin ley, estos fraccionamientos se han convertido en un lugar sin ley y da miedo llamar, a veces a la policía, porque lejos de venir a apoyar a uno, vienen a apoyar a los delincuentes”, reafirmó.
Por tales hechos, acudieron, de nueva cuenta a las afueras del Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) para exigir al magistrado, Sergio Medina Peñaloza mediar este conflicto con la finalidad de que se replantee el costo de las viviendas y evitar miles de desalojos.
