Existe la necesidad de regular el uso de la fuerza pública, pero se debe garantizar la protección más amplia del ejercicio de los derechos humanos, así lo señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Acción de Inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México.
A través de un comunicado, la CNDH manifestó su preocupación por algunas restricciones de la denominada Ley Atenco, como los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión.
La CNDH reconoce que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como último y máximo intérprete de la Constitución, quien decidirá sobre la validez de la norma impugnada o sobre su interpretación conforme, pues con la correspondiente definición que el Supremo Tribunal haga, existirá certeza jurídica, tanto para los elementos de las instituciones de seguridad encargados de aplicar la Ley, como para las personas que de manera libre ejerzan sus derechos humanos.
