Así como la pensión a los adultos mayores y otros programas sociales resultaron un éxito en la administración saliente del presidente Andrés Manuel López Obrador, algo que queda pendiente es su postura y actuación en materia de seguridad. El mandatario mexicano y su gobierno no se ocuparon de combatir y desarticular a las bandas del crimen organizado. No vimos estrategias y resultados de inteligencia y vigilancia, arrestos y grandes decomisos, congelamiento de activos financieros, colaboración entre grupos policiales y programas de prevención de la delincuencia. Incluso se ha hablado de un pacto de este gobierno con el crimen organizado.
El problema es que se dio cabida a la impunidad y por lo tanto, al aumento de delitos como el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y la violencia, la corrupción dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y del sistema judicial, el debilitamiento del estado de derecho; daños al comercio, el turismo y la inversión extranjera debido a la percepción de inseguridad y un ambiente de miedo y desconfianza entre la población. Esto al final de cuentas, ha impactado en la calidad de vida de la población. Es posible que se haya destinado la atención a las causas de la inseguridad y que esta tenga que ver con periodos y gobiernos anteriores pero dejar pasar las actividades del crimen organizado solo fortalece su poder.
