El conocimiento y la capacitación son la vía idónea para fortalecer a las instituciones, por lo que las Jornadas sobre la Reforma Laboral en México que iniciaron en la Escuela Judicial del Estado de México (EJEM) son el mejor escenario para generar debates y nuevas interrogantes sobre el tema, aseguró el consejero de la Judicatura, Gerardo de la Peña Gutiérrez.
En representación del magistrado presidente, Sergio Javier Medina Peñaloza, de la Peña Gutiérrez destacó que las Jornadas permitirán al Poder Judicial mexiquense ser pionero en el reconocimiento y protección de los derechos de las y los trabajadores, pues la reforma establece cambios paradigmáticos para una tutela jurisdiccional plena.
Ante los integrantes del Consejo de la Judicatura, magistrados, jueces y colaboradores judiciales, el secretario del Trabajo en la entidad, Ignacio Rubí Salazar indicó que esta reforma es la más importante en la materia en el último siglo, ya que establece modificaciones trascendentales en materia procesal, registro sindical y la etapa conciliatoria.
En este sentido, Víctor Rojas Amandi, director general de la EJEM que es sede de las Jornadas, afirmó que desde el inicio de la implementación de la reforma se formó una comisión especializada, mientras que en el ámbito académico se ha acercado el derecho del trabajo a nuestro personal y al público en general, pues ya se imparte un diplomado en línea al que asisten 127 estudiantes, 74 funcionarios judiciales y 53 externos.
A la inauguración asistieron Sergio Javier Molina Martínez, visitador Judicial “A” del Consejo de la Judicatura Federal; Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos; Myrna Araceli García Morón, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa; Gerardo Becker Ania, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; y José Luis Canchola Arroyo, presidente del Congreso del Trabajo, así como la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Sara Dávila Sánchez.
Cabe mencionar que estas Jornadas se desarrollan con el objetivo de analizar desde una perspectiva crítica la reforma constitucional en materia de justicia laboral y comprender los retos en su implementación.
Entre el 30 de mayo y el 4 de julio, dicha actividad académica se desarrollará en el Aula Magna “Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial, con una duración de 10 horas distribuidas en cinco días.
Como parte de los temas que se abordarán durante las cinco jornadas se encuentran: la conciliación, oralidad, derechos colectivos, retos y perspectivas en la transición de la reforma laboral, entre otros.
DIVERSAS PERSPECTIVAS SOBRE REFORMA LABORAL
Como parte de la primera Jornada titulada: La nueva justicia laboral ¿Decadencia del sistema tripartita?” participaron el consejero de la Judicatura, Gerardo de la Peña Gutiérrez; el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México, Farid Barquet Climent y el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Manuel Fuentes Muñiz.
En su exposición, el consejero señaló que esta reforma demuestra que el Derecho es dinámico y es capaz de adaptarse a los cambios que demanda la sociedad.
Destacó que esta reforma contó con la disposición del Poder Legislativo para generar una nueva estructura procesal del Derecho Laboral y destacó que haya sido aprobada de manera unánime, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores.
Agregó que es de fundamental importancia capacitar al personal bajo altos estándares para generar certificaciones que permitan garantizar los derechos a las y los trabajadores y se manifestó por multar a quienes no acudan a la etapa de conciliación laboral.
Barquet Climent, destacó que la justicia desde una perspectiva tripartita está rebasada, pues no coincidía con los sistemas jurídicos de los países que forman parte de la Alianza Transpacífico conformada por Australia, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Singapur, entre otros, por lo que se hizo necesario modificarlo.
En este sentido, alertó de la posible politización de la justicia laboral, pues tendría un sentido económico, más que de justicia, puesto que pone en juego la democracia y libertad sindical.
Finalmente, Fuentes Muñiz calificó el cambio como una regresión, pues crear un Instituto de Conciliación y Registro Laborales implica un alto control sobre los sindicatos por parte del gobierno, ya que éstos son la única manera de luchar por los derechos laborales y destacó que los poderes judiciales tendrán la responsabilidad de resolver dichas problemáticas e impedir que los centros de conciliación terminen sustituyendo a los jueces especializados.
