De acuerdo con la diputada Susana Estrada Rojas, presidenta de la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, informó que su iniciativa para combatir la corrupción en el sector inmobiliario podría tener cabida en el Próximo Periodo de Sesiones.
Y es que, según la diputada, el objetivo principal de esta iniciativa es abordar problemas como la construcción con materiales de baja calidad, la construcción en lugares inapropiados y la falta de transparencia sobre la ubicación y los límites de los terrenos donde se edifican viviendas.
“A quién no le ha tocado en el Estado, que construyen un edificio, pasa el tiempo, y la constructora se deslinda de cualquier error en la construcción. Construcciones con materiales de baja calidad, en lugares donde no se podía construir”.
La iniciativa que fue presentada a principios de mayo de este año considera penas de hasta 60 años de prisión, y sancionar a servidores públicos que permitan construcciones irregulares, así como a empresas que edifiquen pisos adicionales sin cumplir los requisitos legales.
Según la legisladora, esta práctica afecta a personas con recursos limitados, al venderles propiedades sin certeza jurídica o estabilidad estructural, violando así el derecho a la vivienda y la seguridad, por lo que, considera como fraude las irregularidades en la venta de inmuebles, con penas de hasta 12 años de cárcel.
Proponen iniciativa para prevenir corrupción inmobiliaria y dar certeza a compradores
De acuerdo con la diputada, no sólo se centra en regular las viviendas ya construidas, sino también en construcciones futuras, para prevenir la corrupción inmobiliaria, y considera al Imevis como el encargado de este tema, pero, además, se trabajará directamente con los municipios para su implementación.
Con ello, la iniciativa busca solucionar problemas como la falta de información a los compradores sobre la ubicación exacta de sus propiedades y la falta de responsabilidad de las constructoras ante errores constructivos, incluyendo la certeza de propiedad de la superficie donde son construidos condominios.
Cabe señalar, que la pena por corrupción inmobiliaria podría incrementarse si el servidor público, o sus familiares, obtienen beneficios económicos de estas acciones.
