En la Primera Sesión Extraordinaria Pública de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México, el pleno de Ministras y Ministros se pronunció por unanimidad a favor de la Amnistía para Bonifacia “N”, indígena mazahua, de 66 años de edad, originaria de la comunidad de Los Hoyos, Villa de Allende, sentenciada por homicidio, por lo que ordenó su inmediata y absoluta libertad.
Este caso fue presentado inicialmente por la Secretaría de las Mujeres y retomado para su análisis y pronunciamiento por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
Bonifacia “N” es una mujer mazahua, adulta mayor, campesina, sin estudios, en situación de pobreza extrema y víctima de violencia familiar, sexual, patrimonial e institucional, quien, al no tener un acceso igualitario a la justicia y sin un traductor del mazahua, con la vulneración a sus derechos de juzgamiento con perspectiva de género, enfoques interseccional e intercultural y sin acceso igualitario a la justicia, fue sentenciada en 2021 por el delito de homicidio, a 8 años nueve meses de privación de la libertad, de los cuales ha compurgado, aproximadamente, 3 años 9 meses, en el Penal Femenil de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
La presidenta de la Codhem, Myrna A. García Morón, señaló que esta amnistía es el inicio de un futuro donde la justicia deja de ser un privilegio para convertirse en el piso común de la convivencia, pues no sólo se libera a una mujer campesina, adulta, mayor, que no sabe leer ni escribir, que fue violentada y discriminada desde su infancia, que no tuvo una adecuada defensa técnica material y, por tanto, su acceso a la justicia fue desigual; hoy, dijo, también se da esperanza a otras mujeres indígenas que, como la señora Bonifacia, ya han sido tratadas con prejuicios e indiferencia en sus procesos penales.
“Hay días en que la ley se viste de humanidad y hoy es uno de ellos. Que la historia recuerde este día no como una excepción, sino como el principio de una nueva regla, la de la justicia con rostro de mujer de lengua indígena y de dignidad inquebrantable. No podría imaginar un cierre más digno ni más comprometido con la causa que me trajo a este encargo, que una amnistía histórica, la de Bonifacia “N”, un acto que coloca a la dignidad humana en el centro de la justicia, porque cada vez que una indígena es reconocida como víctima del sistema y no solo como victimaria de un delito, se ensancha el horizonte de un Estado más igualitario, más plural y más justo”, expresó.
Asimismo, las magistradas y los magistrados aseguraron en sus posicionamientos que durante todo su proceso penal y al ser sentenciada por homicidio la señora Bonifacia no contó con persona intérprete ni defensora legal con conocimientos de su lengua y su cultura originarias, aunado a que no fue juzgada con perspectiva de género y enfoques interseccional e intercultural ni fueron analizados el contexto social y las categorías sospechosas de acuerdo a su realidad personal, ya que su caso particular conllevaba la necesidad de un análisis diferenciado y reforzado.
Cuando se dieron los hechos, motivo de la privación de la libertad de Bonifacia, ella no contaba con los conocimientos básicos ni comprendía sobre leyes o procedimientos legales, y fue insuficiente su entendimiento general sobre la acusación, las audiencias, las implicaciones y los alcances de su proceso penal, lo que impactó negativamente en su derecho de acceso igualitario a la justicia, de acuerdo con la investigación de la Codhem.
Las categorías de sospecha actualizadas bajo las perspectivas de género, interseccionalidad e interculturalidad y de derechos humanos para reevaluar su proceso por parte del Organismo Defensor fueron: persona en situación de vulnerabilidad y objeto de discriminación múltiple: por su género, por su condición de víctima de violencia familiar, sexual, económica e institucional, por ser persona integrante de una comunidad indígena -Mazahua-; por ser persona en situación de pobreza con rezago educativo, no saber leer ni escribir; nulo acceso a servicios de salud o acceso a la seguridad social, derivado de su trabajo en el campo y dedicarse al hogar, por lo que no tenía ningún servicio, mala calidad de espacios y servicios básicos en su vivienda; acceso limitado a alimentación variada y suficiente; ingreso económico insuficiente y ser una persona adulta mayor.
Cabe señalar que, a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de Estado de México y el Instituto de la Defensoría Pública (IDP), se impulsó también la revisión del caso de Bonifacia. El IDP presentó la propuesta de aplicación del beneficio de Amnistía ante el Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, con el acompañamiento de la Codhem, y luego del análisis correspondiente, las instituciones integrantes de este Órgano determinaron su viabilidad.
El Comité del Fondo de la Reparación del Daño del Instituto de la Defensoría Pública aprobó el pago de la reparación del daño para el caso de Bonifacia, en cumplimiento de la Ley de Amnistía vigente, para que se concretara el trámite de salida del CPRS.
La Codhem ha contribuido con sus pronunciamientos e investigación a la amnistía de 20 personas 16 mujeres y 4 hombres, con lo que se han perdonado un total de 409 años y seis meses de prisión, tras obtener la libertad plena para Silvia, Virginia, Alejandra, Imelda, Irma, Blanca, Delfina, María de la Luz, Dominga, Martina, Juana Jocelyn, Modesta, Antonia Vianey, Lucía, Reina, Juan Daniel, Raúl, Ernesto, Longino y Bonifacia.
