Para impedir las contrataciones discrecionales y abonar al perfeccionamiento de los mecanismos de combate a la corrupción, el diputado Margarito González Morales, en nombre del Grupo Parlamentario de morena, propuso a la 60 Legislatura una iniciativa para que las entidades que ejerzan recursos públicos garanticen un 51% de licitaciones públicas, ya sea en adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o servicios.
En sesión presidida por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez, el legislador de morena planteó que las entidades, el contratante y la contratista informen sobre las licitaciones públicas al Comité Coordinador del Sistema Estatal o Municipal Anticorrupción, a efecto de que éste emita sus recomendaciones.
Margarito González subrayó que es necesario asegurar que la licitación pública sea el procedimiento que prevalezca en las contrataciones y con ello dar cumplimiento al texto constitucional, al establecer que las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal, los ayuntamientos, los organismos autónomos y demás entidades que ejerzan recursos públicos garanticen contrataciones transparentes en condiciones de competitividad.
En su exposición de motivos, el legislador refirió que el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, en su informe denominado ‘Procesos de Licitación y Contratación de Obra Pública 2018’, reportó mil 327 adjudicaciones directas por un monto total de mil 108 millones 43 mil 525 pesos y ni una sola licitación pública.
Indicó que a pesar de que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2018 autoriza que el monto máximo que podrá adjudicarse directamente es de 500 mil pesos, el informe referido menciona que hay adjudicaciones directas hasta por 14 millones 307 mil 969 pesos para un solo contratista.
El diputado lamentó que la reiterada falta de rectitud en la adjudicación y celebración de contratos del sector público se haya convertido en un hábito que tolera la corrupción de la administración pública, lo cual ha permitido que actos de corrupción, como los exhibidos en el trabajo periodístico ‘La Estafa Maestra’, se hayan realizado con impunidad.
González Morales señaló que en la entidad se cuenta con el sistema electrónico en materia de contratación pública denominado Compramex, para trasparentar las contrataciones públicas, aunque señaló la complejidad de la plataforma, ya que no permite una consulta ágil y accesible que abone a la transparencia y rendición de cuentas.
Añadió que una situación similar ocurre con el Portal de Transparencia o SAIMEX, que en la mayoría de los casos emite una respuesta negativa y refiere que no está obligado al procesamiento de la información, remitiendo a las páginas donde se encuentran datos imprecisos, situación que obstaculiza el derecho de acceso a la información pública.
La iniciativa fue turnada para su dictamen a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción.
