Además de aprobar por unanimidad la imposición de 52 medidas de apremio, de las cuales 47 fueron apercibimientos; en tanto que 5 constituyeron amonestaciones públicas dirigidas a titulares de unidades de transparencia, durante la 35ª Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), encabezada por José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente de este organismo autónomo, se votaron 235 proyectos de resoluciones a recursos de revisión, como resultado del trabajo continuo para garantizar los derechos fundamentales de las y los mexiquenses.
En esta sesión, la Comisionada María del Rosario Mejía Ayala emitió un voto disidente a un proyecto, tras considerar que debió ordenarse la entrega de la edad del presidente municipal y de cuántos de los integrantes de cabildo son menores de 29 años de edad; toda vez que el sujeto obligado debe contar con documentos que dan cuenta de lo solicitado; además de que esta información permite conocer la conformación de la administración pública y las características de recursos humanos que trabajan en las instituciones; que es información de interés para las y los jóvenes.
Al referirse a un asunto diverso, la Comisionada Sharon Morales Martínez emitió un voto particular, pues señaló que las fotografías del personal que no posee un cargo con nivel de mando medio o superior deben clasificarse como información confidencial, conforme a la normatividad vigente en materia de protección de datos personales; ya que como lo ha comentado anteriormente, es un dato personal que únicamente puede exigirse a aquellas personas servidoras públicas que laboran en puestos de mandos medios y superiores.
En su participación, el Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega explicó su voto particular en otro asunto, pues consideró que el nombre de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no puede clasificarse como información reservada por disposición legal, toda vez que para ello tendría que acreditarse el riesgo que su divulgación causaría al interés público, a través de una prueba de daño, donde se justifique la clasificación, de manera fundada y motivada, para después proceder con la reserva.
Finalmente, la Comisionada Guadalupe Ramírez Peña retomó el tema de las fotografías de las personas servidoras públicas y resaltó que si bien este Pleno ha señalado que cualquier documento que se encuentre vinculado con el cumplimiento de disposiciones legales debe ser pública, es de suma importancia ponderar si la publicación de la imagen de servidoras y servidores públicos es necesaria y proporcional a lo solicitado; toda vez que hacer pública su imagen debe evaluarse en cada caso particular y no por regla general.
