El sector restaurantero en el Estado de México, realiza una análisis de las modificaciones que traería la reforma a la ley Federal del trabajo con la cual se busca garantizar un ingreso base para trabajadores que al momento tienen ingresos particulares por concepto de Pinas.
Christian Muñoz Tapia, Presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en el Valle De Toluca, señaló que las adiciones y modificaciones podrían traer una reducción en el personal ocupado de hasta un 20%.
Explicó que muchos de los casos los establecimientos como gasolineras, hoteles y en algunos casos Bares y negocios relacionados al sector de alimentos, no tienen registrados debidamente a sus colaboradores y tampoco hacen el pago de un salario, como estipularía a la Norma.
Aún cuando la iniciativa podría beneficiar a un número importante de colaboradores, esto también podría tener repercusiones directas sobre el ingreso de los trabajadores, ya que las propinas se han convertido en un incentivo clave para muchas de las personas que se contratan en estos sectores.
El empresario hizo un llamado para que se socialice esta medida y se analice a la par de otras que están buscando implementarse, como es el caso de la ley silla, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales así como los incrementos salariales que se aplican año con año.
Explico que los negocios afiliados a Canirac tienen registrados formalmente a sus colaboradores y hacen el pago del salario mínimo, sin embargo, no es la generalidad y por lo tanto deben analizar sus repercusiones.
Finalmente hizo un llamado a los diputados federales para que de la mano de los patrones, se haga el análisis de esta iniciativa, pues en muchos de los casos los legisladores no conocen la manera en la que operan las unidades económicas, y en muchos otros nunca han tenido la responsabilidad del pago de una nómina y la responsabilidad en el pago de prestaciones salariales, lo que puede generar desconocimiento al momento de la toma de decisiones.
Al momento en México operan más de 650 mil negocios relacionados con alimentos y bebidas que podrían verse impactados con la aplicación de esta medida.
